El pasado 25 de noviembre, cuando el ex dictador cumplió 91 años y en una declaración asumió la "responsabilidad política" por lo obrado bajo la dictadura que lideró entre 1973 y 1990, en la que según la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación fueron asesinadas casi tres mil personas. "A sumo la responsabilidad política de todo lo obrado", señaló a través de un mensaje leído por su esposa. Esa responsabilidad nunca la asumió frente a la justicia.
Dos semanas después la calma dominguera se vio alterada con el anuncio de la muerte de quien es, hasta la actualidad, el personaje más controvertido de la historia Chilena: El general Augusto Pinochet. Y ocurre, paradójicamente, el día que se conmemora el Día Internacional de los derechos Humanos.
En 1973 encabezó un golpe de estado en Chile contra el gobierno de Salvador Allende, con el apoyo de los Estados Unidos. Como otros países latinoamericanos diseñó una política represiva contra militantes de izquierda, en un principio, y contra todo opositor después, con el terrible saldo de millares de detenciones, muertes y desapariciones.
Luego del suicidio del presidente Allende durante el ataque al palacio presidencial, este fue atacado por la Fuerza Aérea. Concluida la sangrienta jornada Pinochet asumió el cargo de Jefe Supremo de la Nación el 27 de junio de 1974 y el 17 de diciembre fue nombrado presidente. Fue luego designado vitalicio en el Senado de Chile, un derecho que él mismo incorporó en la Constitución promulgada en 1980. Así obtuvo inmunidad en el retorno a la democracia.
Fue el dictador de Chile durante 17 años. A de poseer tres querellas criminales por asesinato y secuestro; la posesión de un escaño designado y vitalicio en el Senado de Chile, contó con ciertos privilegios como la inmunidad para no ser sujeto de causas judiciales en Chile por su estatus diplomático. Además, parte del poder político le permitió seguir en la vida pública, con una gran incidencia en los asuntos políticos locales.
En 1998 el General viajó a Londres con pasaporte diplomático, para operarse de una hernia lumbar y el 16 de octubre de ese año fue detenido por orden del juez español Baltasar Garzón, que pretendía juzgarlo por los crímenes de la represión durante el régimen militar que encabezó. El gobierno británico denegó la solicitud para su extradición a España, por considerar que su estado de salud no le permitía ser sometido a juicio.
La Argentina tuvo que soportar, luego de su detención en Londres, que acepte de la ex Primer Ministra Británica Margaret Thatcher, su agradecimiento "por el apoyo que brindó Chile a Gran Bretaña durante la Guerra de Malvinas", una ofensa que sólo una declaración de disculpas del gobierno de Chile pudo salvar las siempre controvertidas relaciones entre ambos países.
La parte más oscura de éste personaje no fue sólo los hallazgos de fosas clandestinas con víctimas de la represión o la publicación del informe Rettig, que puso de manifiesto los abusos contra los derechos humanos cometidos por sus servicios de seguridad, sino además varios miembros de su familia han sido acusados de corrupción, contradiciendo esas palabras leídas por su esposa Lucía Hiriart el día de su cumpleaños 91: "Todo lo que hice, lo hice por Chile".
Pinochet y el Plan Cóndor
A comienzos de la década de los noventa descubren en Asunción del Paraguay los llamados "Archivos del terror", que delatan el plan de violaciones sistemáticas a los derechos humanos más importantes desde la segunda Guerra Mundial hasta ese momento: El Plan Cóndor. Éste era un operativo de represión ilegal implementado por los gobiernos militares de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile. Éste último participa activamente en varios hechos. Uno de los más salientes fue en septiembre de 1974 con el asesinato en Buenos Aires de General Carlos Prats, ex comandante en jefe del Ejército Chileno por agentes de la DINA y argentinos. Prats se había opuesto al golpe que derrocó al Presidente Allende. Éste es considerado el primer acto del Plan Cóndor, que tenía como finalidad detener a opositores a las dictaduras en cualquiera de esos países y llevarlos a su lugar de origen para ser detenidos, torturados o exterminados, desconociendo fronteras, y a través de métodos ilegales.
En 1975 intentan matar a Bernardo Leighton (líder de la Democracia Cristiana Chilena) en Roma. Luego, en septiembre de 1976, en una coordinación chileno-paraguaya, asesinan en Washington al ex Canciller Chileno Orlando Letelier.
En 1976 el secretario de Estado de los EE.UU. Henry Kissinger aprobaba el Plan Cóndor. Así se iniciaba un intercambio de correspondencia que sumaron 4.677 documentos clasificados (telegramas, memos y cables) entre el gobierno Estadounidense y su embajada en Buenos Aires.
Chile, por su parte, estrecharía los lazos con los EE.UU. imponiendo un modelo económico de tipo liberal, apoyado por algunos personajes que aún militan en la política norteamericana actual. Por entonces el actual vicepresidente Dick Cheney era el jefe de personal de la Casa Blanca. El hasta hace poco Ministro de Defensa Donald Rumsfeld ocupaba esa misma posición. Y Henry Kissinger es reclamado por diversos tribunales de Argentina, España, Chile y Francia por su cooperación a regímenes que realizaron violaciones masivas a los derechos humanos.
Chile después de Pinochet
Hoy la muerte cierra en Chile lo que la sociedad no supo hacer por su cuenta. La desaparición física del general Pinochet "supone" un cambio radical en la forma de interpretar los sucesos desatados durante la dictadura que lideró.
Sería de una gran pobreza política si la reflexión de este día sea la vinculada a funerales militares o de Estado, días de duelo y banderas a media asta. El aprendizaje de este día debe estar vinculado a lo ejecutado por los responsables de esos atroces actos desatados en 1973 con la toma de la Casa de la Moneda: a combatir lo que no es "ni legal ni constitucional", ni se ufana con la muerte y la tortura.
No es el centro de la discusión si debe prevalecer el discurso de izquierda, de centro o de derecha: debe primar la legalidad, la democracia y el estado de derecho. El respeto a la vida no debe ser propiedad de bandos políticos, sino de los pueblos en su totalidad
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